PP y PSOE piden regular a los «gorrillas», pero IU sólo promete más policías
El toque de atención dado por el juez que condenó a dos «gorrillas» a 30 años de cárcel por la muerte de un hombre que se negó a pagar por aparcar en la plaza de toros ha abierto los ojos a los responsables políticos sobre la urgencia de poner coto a estas prácticas ilegales. La contundente sentencia, avanzada por ABC, en la que da un rapapolvo a la Administración por permitir el «chantaje», supone un antes y un después a la hora de afrontar este negocio clandestino.
Todos los partidos del Ayuntamiento de Córdoba están ahora mucho más receptivos a las quejas de los vecinos del entorno de la plaza de toros -que incluso hicieron una campaña en contra de este «peaje» irregular-, pero difieren en las medidas que se deben llevar a cabo para atajar el problema.
Mientras PP y PSOE insistieron ayer en que habría que «regular» esta práctica tan extendida en la ciudad -utilizaron este verbo-, desde IU, a través de su concejal de Movilidad y Seguridad, José Joaquín Cuadra, se comunicó ayer a los dirigentes vecinales del distrito Poniente que la norma actual basta para encarrilarlo.
Sin prohibición expresa
La ordenanza municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial no prohíbe expresamente la actividad de los «gorrillas», pero sí veta la vigilancia de los estacionamientos «por personas no autorizadas, no estando obligados los usuarios al pago de retribución alguna del mismo, cuya exacción, si se produce, podrá ser denunciada a los miembros de la Policía Local, quienes procederán a adoptar las medidas pertinentes para evitar su continuación», según reza.
En una nota de prensa, Cuadra hizo público un acuerdo con los representantes de los vecinos para «estrechar la vigilancia y el control» sobre los aparcacoches. Afirmó que éstos habían encontrado mucha receptividad ante su propuesta de desplegar más policías. «Vamos a dar respuesta a la demanda que nos han planteado siempre dentro del marco que nos marca la ley» y ampliadas a toda la ciudad. Asimismo, recordó que los agentes municipales registraron de oficio un centenar de denuncias en 2008.
A favor de endurecer la norma
En la oposición no creen que el tema se pueda liquidar únicamente con más policías en la calle. El portavoz del PP, José Antonio Nieto, lamentó que «el gobierno de Rosa Aguilar no ha hecho absolutamente nada en diez años para resolver este problema». No obstante, señaló que «le hemos pedido en multitud de ocasiones en las comisiones municipales que se actúe desde la coordinación entre la Policía Local y Servicios Sociales».
Nieto avanzó que «probablemente» presentarán una moción ante el Pleno para regular esta actividad, así como las bolsas de indigencia que se instalan en los soportales de La Corredera y el Compás de San Francisco, que «dañan la imagen de la ciudad», dijo. En su opinión, las medidas no deben limitarse a la mera intervención policial, sino que también hay que tratar de reintegrar socialmente a los aparcacoches.
Por su parte, el portavoz municipal socialista en el Consistorio, Rafael Blanco, mostró su «respecto» con respecto a la sentencia dictada por el presidente de la Sección Tercera de la Audiencia provincial, de acuerdo con el veredicto del jurado. «No cabe otra cosa que respetar lo que los jueces han determinado, porque en definitiva ellos son los que están encargados de establecer los parámetros de la Justicia y llevarlos a efecto», aseveró.
El edil de Relaciones Institucionales consideró que el fallo pone de manifiesto que «hay un problema con todo este asunto y no podemos mirar hacia otro lado». «Hay una reflexión -continuó- que no sólo es del Ayuntamiento, sino creo que de todas las Administraciones públicas y yo diría también que de la ciudadanía en general, de fenómenos nuevos que se dan en el momento actual, que han empezado de menos a más, y que han llegado a convertirse en una realidad social que algunas veces deriva en situaciones complicadas, como la que ha ocurrido».
Blanco llamó la atención sobre el hecho de que «los denominados «gorrillas» están sin regular».
Por tanto, desde su punto de vista, apostó por que las Administraciones «regulen» este problema. «Yo no sé si el modelo de Sevilla es bueno o no, sé que lo han establecido hace muy poco, y por lo tanto tampoco hay demasiadas referencias en cuanto a su eficacia», explicó.
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, criticó hoy el “cinismo” del presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, “por decir que el PP no tenía derecho a salir a la calle”, ya que “durante muchos años él ha sido el mayor pancartero de Andalucía”, y aseguró que “hay 850.000 razones para convocar la manifestación del 15 de febrero y salir a la calle”.
