El juez amplía a 6 los imputados por el caso de las facturas falsas en el Consistorio de Baena
Suma y sigue. Las diligencias judiciales abiertas para investigar la presunta red de facturas falsas emitidas desde el Ayuntamiento de Baena incorporan nuevos nombres a su lista de imputados en el caso.
Hasta la fecha, sólo se conocían los de Rafael Santano, secretario personal del alcalde de la citada localidad, Luis Moreno (PSOE); otro funcionario del Consistorio, Juan Díaz; y el industrial que destapó la trama tras confesar ante la Guardia Civil (si bien después se retractó) que firmaba los citados recibos. Ahora, son tres más los inculpados en el proceso.
Según informaron ayer a este periódico fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se trata de otros dos empresarios y un vecino de la localidad, presidente de una sociedad de cazadores del municipio.
Los últimos documentos solicitados por el juzgado que lleva el caso -el de Instrucción número uno de Baena- y que ya tiene en su poder son los informes sobre el patrimonio de los encausados.
Casos relacionados
En lo que respecta al proceso que se abrió en junio de 2007 a raíz de las denuncias presentadas por la concejala de IU en el Ayuntamiento baenense, María Jesús Muñoz, y su marido, el ex alcalde y promotor Carlos Arenas, por la comisión de presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, «hay, hasta el momento, cinco personas imputadas», cuatro de ellas cargos y ex munícipes del PSOE, manifestaron desde el TSJA.
Entre los incriminados, se encuentran el edil del gobierno local socialista José Calvo y los ex concejales del mismo partido Cristóbal Tarifa y Vicente Mejías. El proceso está a la espera de varias pruebas testificales y las que estime oportuno el fiscal.
Cabe recordar que ambos casos están enlazados, puesto que en las escuchas que el juzgado ordenó para comprobar la veracidad de las acusaciones contra los funcionarios que, presuntamente, manejaban la trama de las facturas falsas, hay conferencias que guardan relación con el tema de las construcciones ilegales, según fuentes con acceso al sumario.
Además, una de las escuchas que lo corroboran apunta a que uno de los imputados en el caso de los recibos quiso alterar la propiedad de una finca para que un vecino se hiciera con la titularidad de la misma.
Según consta en la transcripción de una de las conversaciones ordenadas por el juzgado, a la que ha tenido acceso Efe, uno de los inculpados, que trabajaba en la Oficina Municipal del Catastro, parece que ofrece a un vecino la posibilidad de obtener la titularidad de una finca reclasificable colindante a su propiedad y que no tenía dueño conocido.
En concreto, un vecino de Baena se puso en contacto con el imputado y entablaron una conversación en la que el funcionario municipal le informa de que una fanega de tierra colindante con su propiedad, en las cercanías del paraje conocido como El Montesillo, se encontraba en «un sitio magnífico» y que «va a ser urbana».
Tras este comentario, el imputado le pregunta a su interlocutor: «¿Tú quieres que hagamos un contrato privado para que te pongamos a ti como titular de la finca, para que…podamos escriturar?», a lo que el otro contesta: «A mí me da igual, hombre tú, una cosa que no me acarree a mí problemas».
Acto seguido, el encausado le explica que de lo que se trata es de que «se ponga con un contrato privado, un documento en un folio con escrito (…) de que tú se la has comprado a esta persona», que está muerta y «no se le puede preguntar nada», un documento que «se presenta ante el catastro y, una vez que eso, pues a correr», de tal forma que «una vez que tú lo tengas en el catastro ya podemos escriturar».
El interlocutor le pregunta entonces cuándo se supone que compró la parcela, a lo que el imputado responde que «hace cinco años si tú quieres, o hace seis» y «tú pones que se lo has comprado por 20.000 pesetas».
Cuando esta misma persona le pregunta por el hecho de que no se hubiera escriturado antes, el imputado le dice que «a ti nadie te puede obligar a escriturar» y «lo que yo pacto contigo, aunque sea en una servilleta de limpiarme la boca, tiene validez».
El imputado explica que debe enterarse de alguien que haya fallecido soltero y sin herederos a quien atribuirle la propiedad y la supuesta venta posterior y, «como a ese tío no se le puede preguntar (…) como no vayan a preguntarle a San Pedro».
En esa misma conversación, el imputado informa a su interlocutor de que toda esta operación debe estar asesorada por un abogado y, según la versión que el imputado ofreció durante su declaración ante el juez, la intención no era cometer ninguna ilegalidad, sino regularizar la situación de esa finca.
De hecho, añadió que esa actuación no llegó a realizarse una vez que fueron asesorados por un abogado sobre la irregularidad de la misma.
Pero el entramado de diligencias judiciales abiertas con implicados del Ayuntamiento baenense no acaba ahí. Existe una tercera causa que se desprende del proceso de los supuestos recibos fraudulentos y en la que están también implicados los cinco imputados del caso de las presuntas irregularidades urbanísticas.
Este último sumario hace referencia a un hipotético delito de información privilegiada, que recoge el artículo 442 del Código Penal, y que se refiere al uso de datos a los que una autoridad o funcionario tiene acceso por su puesto y que utiliza de forma indebida para la obtención de lucros económicos.
Denuncia contra IU y PP
En lo que respecta al plano político, la polémica se ha convertido en un arma arrojadiza entre PSOE y PP.
El secretario general de los socialistas en Córdoba, Juan Pablo Durán, anunció ayer que su partido va a interponer sendas querellas por injurias y calumnias contra el presidente provincial de los populares, José Antonio Nieto, y el coordinador regional de IU, Diego Valderas, «por las declaraciones que ambos han vertido en relación al caso de las facturas».
Durán explicó el entramado de toda la historia señalando al empresario que confesó la presunta trama. «En un escrito, el industrial reconoce, tanto ante el Ayuntamiento como ante el juez, que mintió» para no explicar en qué se había gastado el dinero que después atribuyó a las facturas (al parecer, se lo debía a «gente de la noche»).
Los populares, por contra, no se callaron y avisaron que la querella que presentará el PSOE cordobés contra Nieto, no les «amordazará».
El presidente del PP cordobés resaltó que el alcalde «o no ha evitado que haya una serie de personas que han actuado como chorizos» dentro del Ayuntamiento, o conocía estas actuaciones.
Dijo que existen indicios «de que alguien desde el Gobierno avisa de la investigación y esto es más grave».
